(El Mercurio) “La cuenca de Copiapó se está agotando”. Con esta dura sentencia, varias autoridades mostraron su preocupación por la actual situación hídrica que enfrenta la capital de Atacama, considerando que tiene asegurado su abastecimiento de agua potable solamente hasta el año 2020 en el mejor de los escenarios.
El sobreconsumo de los acuíferos; el estado de sequía permanente que se arrastra por más de 10 años, con un promedio de 4,5 milímetros de lluvias al año, y la lenta recuperación de la recarga de la cuenca son las principales razones del severo déficit.
Según antecedentes de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), administradora del agua potable de Atacama, el estado de la cuenca es complejo, dado que se extraen 18 mil litros por segundo y la recarga es de solo 5 mil litros por segundo, lo que genera un amplio impacto en la disposición del recurso con el que se abastece a Copiapó, Chañaral y Caldera, y que afectaría a más de 64 mil hogares.
El gerente general de Econssa, Patricio Herrera, puntualizó que la crisis ya comenzó con la mala calidad del líquido que obtienen, que presenta alto contenido de minerales. El ejecutivo explicó que Aguas Chañar, empresa que tiene la concesión del agua, ha tenido que extraer de los pozos a una profundidad de 200 metros, lo que perjudica el producto y ha debido invertir en una planta de filtrado por osmosis inversa. Normalmente, las sanitarias extraen agua a una profundidad de 20 a 30 metros.
La caída en la calidad del agua ha obligado a las familias de la zona a realizar gastos elevados en la compra de bidones de agua purificada.
En promedio, una familia de cuatro personas puede destinar $12.000 mensuales en agua purificada, sin contar la boleta del servicio tradicional.
El intendente Miguel Vargas reconoció esta situación y sostuvo que se están tomando medidas a corto y mediano plazo, como la gestión para adquirir agua con las empresas mineras que tienen derechos y la búsqueda de nuevos pozos por parte de Aguas Chañar.
En tanto, Econssa y el Gobierno buscan evitar que haya cortes o problemas de presión del agua, como se registraron en Paipote y Copiapó hace cinco años.
Para el alcalde de la capital regional, Marcos López, la gran esperanza para la zona es la planta desalinizadora que debería estar operativa en 2020. El proyecto, que hoy está en proceso de licitación para ser ejecutado, busca beneficiar a más de 70 mil usuarios de la región y remontar el déficit hídrico que afecta a la zona.
Una inversión que superará los US$ 200 millones tendrá la planta desalinizadora que estará en Caldera.
